Conceptualización de la Seguridad Alimentaria.
- Natanael Noriega González
- 8 feb 2023
- 27 Min. de lectura
Actualizado: 8 feb 2023
¿Qué factores consideras que son los que más inciden en la seguridad alimentaria en México?
La importancia de recuperar la Seguridad Alimentaria en México, radica en que es una condición obligada para lograr un desarrollo sustentable que garantice: las condiciones básicas de bienestar a la población, contempladas como derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La alimentación como necesidad básica del ser humano.
El ser humano tiene diferentes tipos de necesidades, Abraham Harold Maslow realizó un análisis importante sobre el tema en su obra “Motivación y Personalidad”. En su famosa pirámide de necesidades, identifica una serie de jerarquías o categorías de ellas (fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización), grupo de categorías que destacan las necesidades fisiológicas (hambre, sed, sueño, la actividad, sexo, entre otros), directamente relacionadas con la supervivencia del ser humano y son de carácter biológico.
Las necesidades fisiológicas son básicas y las demás necesidades se mantendrán como secundarias, hasta que no se hayan satisfecho las primeras. La alimentación es una de esas necesidades fundamentales. Sobre ese tipo de necesidades Maslow (1991) comenta: “No hay duda de que estas necesidades fisiológicas son las más preponderantes de todas las necesidades. Esto significa que el ser humano que carece de todo en la vida, en una situación extrema, es muy probable que su mayor motivación fueran las necesidades fisiológicas más que cualesquiera otras.”
Hablar de alimentación implica referirnos a la nutrición, según la Organización Mundial de la Salud, “La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud.” (OMS, 2016). Una buena alimentación ayuda a proteger al individuo de enfermedades y le permite desarrollar mejor sus capacidades físicas e intelectuales. Una sociedad con una población mal alimentada o mal nutrida, difícilmente podrá desarrollar su potencial productivo y tendrá altos índices de enfermedades.
De acuerdo con la Medición de Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2016 la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad alcanzó a 26.5 millones de mexicanos. Para 2018 la cifra incrementó a 27.5 millones. En el último registro, efectuado en 2020, llegó a 28.6 millones de personas.
Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió a México que de no hacer frente al potencial crecimiento de la vulnerabilidad alimentaria su impacto negativo sobre el bienestar, salud y nutrición dejará marca en el futuro de las familias.
La alimentación es parte de los derechos fundamentales del ser humano, las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en su artículo 25 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;..”
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cámara de Diputados, 2016), dentro de los puntos que toca el artículo 4° establece que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”
Todo país busca el desarrollo, sin embargo, no se trata únicamente de la visión parcial enfocada en la generación y acumulación de riqueza, como lo sostenían los economistas de mediados del siglo pasado (Ragnar Nurske, Arthur Lewis, Paul Baran, etc.), por lo que en esa época los esfuerzos se centraban en la modernización y sobre todo en el crecimiento industrial. Actualmente los países en su búsqueda del desarrollo, apuntan como prioridad el desarrollo social, el cual implica la capacidad que tiene una nación para mejorar los estándares de vida de la población como resultado de una economía sana, que crece generando las condiciones y oportunidades para que a sociedad en su conjunto, mejore su bienestar social. El Estado juega un papel importante ya que es el encargado de diseñar e implementar las políticas de desarrollo enfocadas al bien común, buscando que la riqueza generada en el proceso económico permeé a todos los grupos y sectores sociales, para lograr una mejor distribución del ingreso.
Para lograr un desarrollo sostenido, el Estado debe incluir la protección al medio ambiente para la utilización racional y sostenible de los recursos. El hambre, la pobreza y la marginación han sido durante mucho tiempo los problemas más apremiantes que afectan a la mayoría de la población mundial, por tal motivo a instancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los Jefes de Estado del mundo, se reunieron en la Cumbre del Milenio en el 2000; en la resolución de la Asamblea General 55/2 “Declaración del Milenio” (2000), se reconoció la responsabilidad que tienen todos los Estados para rescatar la dignidad humana, la igualdad y la equidad. Se destacó la importancia de la Carta de Naciones Unidas para la construcción de un mundo más próspero, pacífico y justo.
Fruto de esa cumbre fueron los Objetivos del Milenio; en ella se hizo énfasis en la búsqueda de un desarrollo sustentable de las naciones, en el que su población mejore sus condiciones de vida y bienestar. Posteriormente, derivado de los Objetivos del Milenio se fijaron una serie de 17 objetivos (ONU., S/F), para lograr el desarrollo sostenido, entre los cuales destaca el Objetivo 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.
En el mundo cerca de 800 millones de personas en condiciones de pobreza, padecen hambre y desnutrición, que provocan altas tasas de mortalidad y enfermedades. México también tiene altos índices de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2016) en el año 2014 el 46.2 % de la población vivía en condiciones de pobreza, de los cuales el 9.5% se encontraban en condiciones de pobreza extrema. No se puede concebir un desarrollo sostenido (sustentable) en un país, cuando persisten desigualdades tan marcadas que mantienen a gran parte de la población en situaciones deplorables. Una de las condiciones básicas para que cualquier nación pueda lograr un desarrollo sostenido, es procurar la Seguridad Alimentaria.
La Organización de Naciones Unidas a través de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), nos da los conceptos básicos para el análisis de este problema, así como para la toma de decisiones en los planes y programas referidos a la alimentación. Define a la Seguridad Alimentaria en la siguiente forma:
“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”
La Disponibilidad Física de los Alimentos.
La FAO (2011), respecto la disponibilidad física de los alimentos señala que: “La seguridad alimentaria aborda la parte correspondiente a la “oferta” dentro del tema de seguridad alimentaria y es función del nivel de producción de alimentos, los niveles de las existencias y el comercio neto.” En la producción de alimentos, se toma como referencia los principales alimentos básicos que consume la población (maíz, frijol, trigo, arroz, soya; carnes de aves, cerdos y bovinos; huevo y leche), con el objetivo de conocer la situación de disponibilidad de dichos alimentos.
Tabla 1.
Producción nacional de principales grupos básicos
http://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2016/Atlas-Agroalimentario-2016
Al realizar el análisis de disponibilidad de alimentos, se considera la producción nacional para el consumo humano, la cual no toda se limita al mercado nacional, ya que algunas unidades agropecuarias exportan su producción. El hecho es que, en la práctica, cuando la producción nacional no cubre el total de requerimientos de la población, se tienen que importar alimentos para garantizar el abasto; por lo que al final de este proceso en la balanza comercial de cada producto, se observa la cantidad que se importó para cubrir el déficit alimentario. Tabla 1.
Producción de alimentos.
Para entender la situación del sector agropecuario, se tienen que considerar diferentes factores (Geográficos, medioambientales, sociales, económicos y políticos), que inciden en la producción de alimentos básicos en el país, para que la población pueda tener acceso económico y físico a ellos.
Aspectos Geográficos y medioambientales que inciden negativamente el sector agropecuario.
México según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, S/F), tiene una superficie continental de 1.9 millones de km², 5 127 km² de superficie insular y 3.1 millones de km² de Zona Económica Exclusiva. Así mismo, la principal fuente de producción de alimentos está en el campo. Dadas las características medioambientales del territorio nacional, tenemos según la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA, S/F) que las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, ocupan el 53.94% de la República Mexicana.
Sin embargo, la disponibilidad de agua en el 61% del territorio es marginal en todo el año. La CONAZA calcula que existen 1.4 millones de km² con déficit de humedad de muy severo a moderado durante el año (71.6% del territorio nacional). Estas cifras explican el impacto tan fuerte que tienen los factores climáticos sobre la actividad agrícola ya que el 82% de la agricultura es de temporal y solo el 18% cuenta condisponibilidad de aguas de riego (SAGARPA, FAO, 2012). Se puede estimar que, de todo el territorio nacional, un poco más del 12.0% es apto para la agricultura (24.5 millones de hectáreas aproximadamente).
A lo anterior se puede agregar, las características del relieve del territorio nacional, en donde se tienen amplias regiones montañosas que, al ser desprotegidas de su vegetación natural, son vulnerables a los procesos erosivos, por lo que las actividades agrícolas se ven limitadas por la rápida pérdida o agotamiento de los suelos.
La degradación del medio ambiente (contaminación, erosión, deforestación, etc.) es un factor importante ya que en México los daños han sido muy severos. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2007) estimaba que el 67.7% de los suelos agropecuarios con potencial productivo presentan algún grado de degradación y el INEGI (2015) para el año 2013 calculaba 75.6 millones de hectáreas degradadas. Todo esto repercute negativamente en el potencial de las unidades de producción agrícola y forestal. El rápido y anárquico desarrollo urbano que ha tenido el país, tuvo un fuerte impacto sobre el medio ambiente, sobre todo por la contaminación generada, la destrucción sistemática de los ecosistemas por el crecimiento urbano y la sobre explotación irracional de los recursos. Poniendo como ejemplo, el recurso hídrico, en México prácticamente todos los ríos presentan algún grado de contaminación por descargas residuales. Del mismo modo, los mantos acuíferos se han contaminado o sobre explotado en diferentes áreas del territorio nacional. La degradación del medio ambiente y consumo de recursos como el agua, bosques y el petróleo generan un costo ambiental de aproximadamente 5.7% del PIB (INEGI. 2015).
El cambio climático también genera un fuerte impacto en la producción de alimentos, ya que una gran parte de la agricultura nacional es de temporal. Los cambios en las temporadas de precipitación causan severos daños a la agricultura (en algunas regiones inundaciones y en otras sequias).
En las últimas décadas, el cambio climático ha provocado un incremento en el número e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos como las tormentas tropicales y huracanes. Cada año se generan un importante número de estos fenómenos, en el 2015 se tuvieron en el Océano Pacífico 19 eventos ciclónicos y en el Océano Atlántico 12. Para el 2016 se esperaban 16 eventos ciclónicos en el Pacífico y 12 en el Atlántico (SEMAR. 2016). Las pérdidas en la producción agrícola por este tipo de eventos climatológicos son en promedio del 8%, pero ante huracanes de categoría mayor, las perdidas pueden llegar hasta el 48% (SAGARPA. FAO 2012). Además, los fenómenos medioambientales impactan a la ganadería disminuyendo la disponibilidad de forrajes y agua; e incrementando las enfermedades del ganado.
La Comisión Nacional de las Zonas Áridas respecto a la vulnerabilidad que tiene el territorio nacional al cambio climático señala que: “
...la gran vulnerabilidad de México al Cambio Climático, el cual, de acuerdo a los pronósticos internacionales, corre un grave riesgo de menor disponibilidad de agua como consecuencia de la aparición de lluvias sin un patrón definido (similares a las que ocurren en las zonas áridas y semiáridas), y a incrementos significativos en las temperaturas máximas.”.
Baja productividad de las unidades agrícolas.
Existen otros factores que inciden sobre la generación de alimentos en el campo, uno de ellos está referido a la poca productividad de las unidades agrícolas ya que la mayoría de los productores corresponden a minifundios con una capacidad agrícola pobre. Por lo general, su acceso al crédito es escaso por lo que están muy limitados para adquirir los insumos y tecnología que les permitiría incrementar y modernizar su producción. Son campesinos que tienen altos índices de pobreza que por lo general producen alimentos de consumo popular como maíz, frijol, chile, etc.
Existe una gran pobreza e inseguridad en el medio rural, que ha colocado a gran parte del campesinado en una situación de vulnerabilidad ante las actividades del crimen organizado, dichos grupos delictivos ya controlan cerca de una tercera parte del agro para la producción de enervantes. Los narcotraficantes financian a los campesinos para la siembra de droga y los que se niegan a hacerlo, se ven forzados a abandonar sus tierras o verse expuestos a que los asesinen. Los precios de los productos agrícolas tradicionales no compiten con los precios de la marihuana o la amapola; actualmente el dinero del narcotráfico está llenando los vacíos que no cubren los programas e instituciones de apoyo al campo.
La introducción de productos transgénicos en México.
Un problema que se tiene con respecto a la importación de productos agrícolas es la creciente introducción de productos transgénicos, ya que cerca del 45% del maíz importado es transgénico y dicho maíz puede contaminar las variedades nacionales, debilitando sus características biológicas. Potencialmente el cultivo de transgénicos puede afectar a la flora y fauna local, perjudicando la producción y la economía del campesino. Un ejemplo de ello se tiene en la producción de miel, ya que actualmente se ha detectado contaminación de polen transgénico en miel destinada a la exportación y varios países europeos rechazan productos alimentarios que tengan ese tipo de contaminación. (BBC. 2014).
En México se permite la comercialización de variedades transgénicas como canola, maíz, soya, papa, jitomate, alfalfa, algodón, etc. Actualmente ya se tiene permitida la siembra de transgénicos en territorio nacional y se destinan 200,000 hectáreas para el cultivo de soya y algodón; se piensa introducir también el maíz (El Economista. 2016). Algunas variedades de transgénicos serán destinadas para la producción de biocombustible o para la alimentación del ganado disminuyendo las áreas para el cultivo de alimentos para el consumo humano. No se sabe hasta qué grado el cultivo de transgénicos podrá afectar la producción de las variedades locales.
El Acceso Económico y Físico a los Alimentos.
La seguridad alimentaria no se alcanza a resolver, con lograr una producción de alimentos en cantidades suficientes para su disponibilidad física. Es necesario que la población esté en posibilidades económicas para poderlos adquirir; al respecto la FAO (2011) señala:
“Una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o internacional en sí no garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los hogares. La preocupación acerca de una insuficiencia en el acceso a los alimentos ha conducido al diseño de políticas con mayor enfoque en materia de ingresos y gastos, para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria.”
Para tratar este punto se requiere examinar en primer lugar, la situación agropecuaria de México, presenta un cuadro muy negativo, debido a que se observa claramente un abandono y deterioro de este importante sector. Al observar la evolución del desarrollo en México, es claro que desde la década de los 40s., se privilegió el desarrollo industrial. Las políticas de desarrollo agropecuario durante varios gobiernos no dieron los resultados que se esperaban, por lo que este importante sector quedó rezagado. Actualmente presenta graves problemas que han dado como resultado la pérdida de la Seguridad Alimentaria en México.
De acuerdo con The Six Pillars of Food Sovereignty, developed at Nyéléni, 2007 (Food Secure Canada, 2012), la soberanía alimentaria descansa sobre seis pilares:
1. Se centra en alimentos para los pueblos: a) Pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas. b) Insiste en que la comida es algo más que una mercancía.
2. Pone en valor a los proveedores de alimentos: a) Apoya modos de vida sostenibles. b) Respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos.
3. Localiza los sistemas alimentarios: a) Reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos.
b) Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada.
c) Resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables.
4. Sitúa el control a nivel local:
a) Lugares de control están en manos de proveedores locales de alimentos.
b) Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios.
c) Rechaza la privatización de los recursos naturales.
5. Promueve el conocimiento y las habilidades:
a) Se basa en los conocimientos tradicionales.
b) Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones futuras.
c) Rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas alimentarios locales.
6. Es compatible con la naturaleza:
a) Maximiza las contribuciones de los ecosistemas.
b) mejora capacidad de recuperación.
c) Rechaza el uso intensivo de energías de monocultivo industrializado y demás métodos destructivos.
Como resultado de la crisis alimentaria de 2008, los gobiernos han puesto su atención en las políticas alimentarias y en el apoyo al sector rural.
Tanto la seguridad como la soberanía alimentaria enfatizan la necesidad de aumentar la producción y la productividad de alimentos para enfrentar la demanda futura. Ambos conceptos subrayan que el problema central el día de hoy reside en el acceso a los alimentos y, en consecuencia, suponen políticas públicas redistributivas desde el ámbito del ingreso así como del empleo, y asumen también la necesaria articulación entre alimentos y nutrición. Además, de ambos conceptos se pueden derivar propuestas de protección social para enfrentar crisis temporales o programas de transferencias condicionadas que formen parte de programas de combate a la pobreza. Las diferencias centrales entre ambos son dos:
1) El concepto de seguridad alimentaria, adoptado por los Estados Miembros de la FAO, es, si se quiere, un concepto neutro en términos de correlación de fuerzas. No prejuzga sobre la concentración de poder económico en los distintos eslabones de la cadena alimentaria ni en el comercio internacional de alimentos ni en la propiedad de medios de producción clave, como la tierra o, más contemporáneamente, el acceso a la información. En tanto, el concepto de soberanía alimentaria parte justamente de constatar la asimetría del poder en los distintos mercados y espacios de poder involucrados, así como en los ámbitos de las negociaciones comerciales multilaterales. Apela, entonces, al papel equilibrador que puede jugar un Estado democrático, y concibe que los alimentos son más que mercancías.
2) La segunda diferencia sustancial tiene que ver con cómo producir alimentos.
Aunque la FAO ha sido pionera en temas relacionados con mejores prácticas agrícolas (BPA), manejo sustentable de recursos naturales, el principio precautorio en relación con los OGM, agricultura verde, etc., por su naturaleza como organismo intergubernamental y multilateral no podría adoptar una posición enfática o única respecto a las distintas formas de producir alimentos. En la literatura especializada se reconocen tres grandes patrones tecnológicos: la llamada agricultura industrial, basada en el uso intensivo de combustibles fósiles; la agricultura biológica, que utiliza biomasa y biotecnologías, de las cuales los OGM son apenas una parte, y, más específicamente, la agricultura orgánica, que supone procesos que requieren de diversas formas de certificación. Se ha planteado desde hace varios años la idea de la coexistencia de los tres sistemas. Sin embargo, recientemente en el diseño de las políticas agrícolas comunitarias se está insistiendo en un sistema de subsidios desacoplados de productos en concreto, que premie el uso sustentable de recursos naturales en la producción de alimentos. En cambio, el concepto de soberanía alimentaria está claramente orientado en primer lugar a la agricultura en pequeña escala (se entiende que aquí están incluidas las actividades ganaderas, forestales y pesqueras), no industrial, preferentemente orgánica, que adopta la concepción de agroecología.
La Vulnerabilidad.
La naturaleza dinámica de la seguridad alimentaria está implícita cuando hablamos de personas que son vulnerables a la inseguridad alimentaria en el futuro. La vulnerabilidad se define desde la perspectiva de las tres dimensiones críticas siguientes:
1. vulnerabilidad como un efecto directo / resultado;
2. vulnerabilidad resultante de varios factores de riesgo;
3. vulnerabilidad por la incapacidad de manejar tales riesgos.
Las personas pueden mantener un nivel aceptable de seguridad alimentaria en el presente, pero pueden estar en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria en el futuro. El análisis de la vulnerabilidad indica dos opciones principales de intervención:
1. reducir el grado de exposición al peligro, ó
2. fortalecer la capacidad de respuesta. Con la comprensión e incorporación del concepto de vulnerabilidad, la política y los programas de seguridad alimentaria amplían sus actividades para abordar no sólo los factores que limitan hoy el consumo de alimentos, sino también las acciones para enfrentar las amenazas futuras a la seguridad alimentaria.
El hambre, la malnutrición y pobreza.
Es importante entender cómo estos conceptos están relacionados con la inseguridad alimentaria. El hambre se entiende normalmente como una sensación incómoda o dolorosa causada por no ingerir en un determinado momento suficiente energía a través de los alimentos. El término científico para el hambre es privación de alimentos.
En términos sencillos, todos los que padecen de hambre sufren de inseguridad alimentaria, pero no todos los afectados por la inseguridad alimentaria sufren de hambre, pues existen otras causas de inseguridad alimentaria, incluidas la ingesta insuficiente de micronutrientes. La malnutrición resulta de deficiencias, excesos o desequilibrios en el consumo de macro o micronutrientes. la malnutrición pueda ser un resultado de la inseguridad alimentaria, o puede estar relacionada con factores no alimentarios, como prácticas inadecuadas de cuidado de los niños, servicios de salud insuficientes o un medio ambiente insalubre.
Aunque la pobreza es indudablemente una causa de hambre, la falta de una nutrición suficiente y apropiada es, a su vez, una de las causas subyacentes de la pobreza.Una definición de la pobreza de amplia aplicación en la actualidad es: “La pobreza engloba diversas dimensiones de privación relacionadas con necesidades humanas como el consumo alimentario, salud, educación, derechos, voz, seguridad, dignidad y trabajo decente”
Conclusiones:
El objetivo de la FAO es crear “un mundo libre de hambre y malnutrición en el que la alimentación y la agricultura contribuyan a mejorar las condiciones de vida de todas las personas, en especial de las más pobres, de forma económica, social y ambientalmente sostenible”. Con el fin de ayudar a sus Estados Miembros a alcanzar esta visión compartida de forma individual a nivel nacional y de forma colectiva a nivel regional y global.
Ligar el desarrollo con la seguridad y los derechos humanos constituye un fuerte argumento para difundir que la seguridad alimentaria, tal como es definida por la FAO (con un término que implica la continuidad con los propósitos que han animado su existencia desde su fundación), solo puede realizarse asumiendo la autonomía de los gobiernos para definir sus propias políticas alimentarias. Darle prioridad a la agricultura familiar deriva de requerimientos ambientales, constreñimientos económicos y de nuevas realidades y cambios en el ámbito agroalimentario.
Proporcionarle un adecuado “asiento discursivo” a ambos conceptos debe considerar lo siguiente:
1) Reafirmar que el mandato central de la FAO, que ha sido sistemáticamente confirmado por sus instancias de gobierno, y sobre todo de nuestro gobierno en México, se condensa en el concepto de seguridad alimentaria.
2) Explicar que la seguridad alimentaria, en su acepción más reciente (a partir de sus cuatro ingredientes), prioriza el ámbito del acceso a los alimentos y, en consecuencia, de las políticas que de ahí se derivan.
3) Subrayar que el concepto de soberanía alimentaria no es antagónico ni alternativo al concepto de seguridad alimentaria. De sus dos componentes, uno se ubica más allá del concepto de seguridad alimentaria en el ámbito de las definiciones irrenunciables del estado moderno: es decir, más allá de su soberanía en general, específicamente para definir políticas alimentarias que se apliquen y sean reales en nuestro País. En tanto, su otro componente, sobre las formas de producir priorizando la agricultura familiar, se coloca más acá del concepto de seguridad alimentaria, en el ámbito de las políticas públicas específicas.
4) Dado que la FAO y los países miembros de la OEA lo son también de las Naciones Unidas, y que su Secretario General adoptó en una Asamblea General el discurso de “una más amplia libertad”, se debe articular y enmarcar ambos conceptos bajo el derecho a la alimentación.
¿Qué restricciones ubicas en cada dimensión?
Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19.
La pandemia causada por el nuevo Coronavirus repercutirá en un incremento del hambre la pobreza en los países de La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La región ha visto empeorar su seguridad alimentaria en los últimos años, y esta nueva crisis podrá impactar de forma especialmente severa a ciertos países y territorios. América Latina y el Caribe produce y tiene reservas suficientes para alimentar de forma adecuada a sus habitantes en los próximos meses. El principal riesgo en el corto plazo es no poder garantizar el acceso a los alimentos de la población que está cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus, y que en muchos casos ha perdido su principal fuente de ingresos. Complementariamente, resulta esencial mantener vivo el sistema alimentario con el objetivo de asegurar el suministro a los consumidores.
Los gobiernos de la CELAC están implementando políticas para enfrentar la crisis. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias, los desafíos logísticos y la urgencia de la situación, demandan iniciativas de gran impacto y que sean realizables en cada uno de los contextos nacionales. La región debe iniciar lo antes posible estrategias “post-COVID-19” con el objetivo de retomar la senda de crecimiento sostenible e inclusivo que le permita lograr las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. La FAO pone a disposición de los países de la CELAC su capacidad técnica y experiencia global relacionada con la identificación de instrumentos de política que están mostrando éxitos en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria en el contexto del COVID-19
Los países con mayor prevalencia de personas que sufren hambre en 2018 fueron Haití (49,3%),Guatemala (15,2%), Nicaragua (17%), Bolivia (17,1%) y la República Bolivariana de Venezuela (21,2%). En relación al número de personas con hambre (millones), la República Bolivariana de Venezuela (6,8), Haití (5,4), México (4,7), Perú (3,1), Guatemala (2,6) concentraban más de la mitad de los subalimentados de la región.
En 2019, la región registró 18,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda a causa de factores económicos y climáticos.5 Este conjunto de población se concentró en ocho países. Más de la mitad estuvo asociada al deterioro de la seguridad alimentaria dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela: se estima que 9,3 millones de venezolanos padecían inseguridad alimentaria aguda en el país, al igual que 1,2 millones de venezolanos migrantes a Colombia y Ecuador. El resto de la población regional en inseguridad alimentaria aguda se concentraba en los países de Centroamérica, especialmente en la zona comprendida por el Corredor Seco (4,4 millones en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), y Haití (3,7 millones). La manifestación del hambre y las distintas formas de malnutrición puede ser particularmente severas en algunos territorios al interior de los países. Por ejemplo, en Belice, Colombia, Guyana, Honduras, México, Panamá y Perú, existen territorios donde la desnutrición infantil es de más del doble que el promedio nacional. Y en las zonas rurales las cifras de retraso en el crecimiento son considerablemente mayores que en las zonas urbanas, llegando a alcanzar diferencias mayores al 50% en Belice, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam.
Efectos sobre la demanda de alimentos
Por el lado de la demanda, se enfatiza el efecto que podría tener la pandemia por medio de variaciones en el poder adquisitivo de las familias. Para ello, se destaca el rol que tiene el gasto en alimentos sobre el consumo total (lo cual incluye implícitamente los precios de los alimentos) y la sensibilidad de la demanda a cambios en los ingresos y el comportamiento o preferencias del consumidor. La crisis sanitaria compromete la sostenibilidad de las empresas, el nivel de empleo, y con ello los ingresos familiares y la seguridad alimentaria.
Estos efectos crecerán en magnitud a medida que los periodos de inactividad económica se prolonguen. La CEPAL ha pronosticado una contracción de la economía regional de 5,3% en 2020, con caídas de 5,2% para Sudamérica, 5,5% Mesoamérica, y 2,5% para el Caribe. A nivel de países se proyecta que Argentina decrecerá un 6,5%, Brasil un 5,2% y México un 6,5%.6 Estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional apuntan en el mismo sentido.
La pobreza y la desigualdad limitan el acceso a bienes y servicios esenciales, tales como los alimentos y servicios de salud. Al respecto, es esperable que los efectos negativos de la crisis sanitaria tales como la disminución del consumo o la calidad de los alimentos, serán mayores en la población de los primeros quintiles de ingreso de países con alto grado de desigualdad, altos niveles de pobreza o un elevado número de contagios por el nuevo Coronavirus.
Efectos sobre la oferta de alimentos
Por el lado de la oferta de alimentos, las medidas de restricción de movilidad o de aislamiento social pueden tener impactos a lo largo de esa cadena de suministro. Esto incluye afectaciones a la mano de obra empleada y el capital utilizado en el proceso de producción y los otros eslabones del resto de la cadena que incluyen el transporte internacional o doméstico, el procesamiento, envasado, almacenamiento, distribución, grandes mercados de abasto y los puntos de venta al por menor, incluyendo tiendas, supermercados, restaurantes y puestos de comida en la calle. Estimamos que estos efectos pueden ser especialmente importantes en los mercados o puntos de venta de productos precederos como lo son frutas y verduras
Alteraciones en la oferta pueden conducir a volatilidad o cambios bruscos en los precios de los alimentos pagados por los consumidores y recibidos por los productores, especialmente si estas afectaciones se mantienen en el mediano o largo plazo. Por el momento, se observa una disminución de los precios internacionales de los alimentos en el corto plazo (el índice de precios de los alimentos de la FAO mostró una disminución de 4,3% entre febrero y marzo de este año), lo que fue resultado de una caída en los precios de todos los grupos de alimentos (cereales, azúcar, aceites vegetales, carne y lácteos) motivadas por reducciones en la demanda como consecuencia de COVID-19. Cabe destacar que, en medio de estas bajas, solo el precio internacional del arroz aumentó debido a las preocupaciones derivadas principalmente de la paralización temporal de los contratos de exportaciones de Vietnam.
Asimismo, el precio internacional de la carne de cerdo también mostró un alza relacionado a un aumento repentino de la demanda interna y externa, sumado a problemas logísticos y restricciones en los trabajadores que procesan la carne de cerdo. A pesar de estos movimientos en precios, los países de la CELAC no han mostrado por el momento movimientos o volatilidad generalizada en los precios internos de alimentos.
Recomendaciones de políticas y programas prioritarios para garantizar el funcionamiento de los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria.
Un análisis de riesgos y vulnerabilidades en cada uno de los sistemas alimentarios de los países puede ayudar a identificar áreas de prioridad para desarrollar políticas, programas e inversiones. Algunas de estas iniciativas pudieran ser promovidas de forma más efectiva si se hace de manera conjunta por dos o más países o, incluso, en el marco de los organismos de integración como la CELAC. Reconociendo las diferencias entre países, en el siguiente análisis se identifican los principales riesgos a los que se enfrentan los sistemas alimentarios de los países que son parte de la CELAC, y se clasifican según sus distintos grados de exposición al riesgo e impacto. Para cada uno de los eventuales impactos, se proponen una serie de instrumentos de política que podrían ser desarrolladas según las capacidades y recursos de los países. Finalmente, en el Anexo I, se especifican con mayor detalle dichas medidas, y se incluyen algunas de las iniciativas que están siendo implementadas en la región. De partida, la FAO recomienda una medida esencial, que establece la base de todas las anteriores: la declaración oficial, por parte de cada gobierno, de que en el marco de la pandemia de COVID-19, las acciones relacionadas con la alimentación y la agricultura son actividades estratégicas de interés público nacional, que requieren de una atención y respaldo especiales de parte de todos los órganos del Estado, así como del apoyo de la población en general.
Medidas de política para enfrentar la reducción de la capacidad adquisitiva para acceder a los alimentos.
El principal riesgo en el corto plazo es no poder garantizar el acceso a los alimentos de la población que está cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus, y que en muchos casos han perdido sus fuentes de ingresos por el cese de las actividades económicas no esenciales. Esta situación es especialmente grave para la seguridad alimentaria de los países con mayores niveles de pobreza, puesto que su población destina mayor proporción de los ingresos a la compra de alimentos, y a medida que se alargue la situación, su capacidad de ahorro disminuirá y verán afectada la cantidad y calidad de sus dietas. Consecuentemente, podrían identificarse problemas por carencias de nutrientes esenciales provenientes de alimentos frescos, y aumento de patrones de consumo altamente calórico, pero de reducido valor nutricional, agravando problemas de sobrepeso y obesidad y enfermedades no transmisibles. Los posibles fenómenos de aumento de precios de los alimentos, no significativos hasta la fecha, son también una amenaza sobre el poder adquisitivo de las familias, especialmente en los países importadores de alimentos cuyas monedas se han devaluado. Existen otros grupos de población cuya seguridad alimentaria se encuentra especialmente amenaza- da en la actual situación, particularmente en las áreas rurales: madres en edad fértil, recién nacidos, niñas, niños y jóvenes que han dejado de participar en los programas de alimentación escolar, adultos mayores con dificultades de acceso físico a los puntos de venta de alimentos, o trabajadores in- formales y temporales que por la situación no han podido generar ingresos y no cuentan con ningún resguardo, ni tienen capacidad de ahorro.
Países como Guatemala y Haití son los que tienen mayor exposición a este riesgo, mientras que es menor en países como Belice, Chile, Granada, Antigua y Barbuda, Panamá, Bahamas, Dominica, San Cristóbal y Nieves. Las medidas de política que pueden desarrollarse para enfrentar la reducción de la capacidad adquisitiva para acceder a los alimentos de ingresos son diversas, y gran parte de ellas están siendo implementadas por los países de la región.
México: Luego de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, México declaró los siguientes sectores como esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía: Generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, producción agrícola, pesquera y pecuaria.
Objetivos contundentes y factibles en políticas para la seguridad alimentaria.
En México, la medición de la pobreza multidimensional en 2018, indicó que la carencia alimentaria registrada para la población indígena afecta al 31.5%, mientras que esta carencia para la población no indígena es de 19.2%4. Respecto a la compra de alimentos, entre los hogares de menores ingresos y con salarios que se mantienen relativamente fijos, el monto de recursos dedicados a estas compras, oscilan entre el 50% y el 41%, lo que se ve agravado por el alza en los precios, provocando severas repercusiones al reducir la capacidad de compra y el consumo de la población más pobre.
En contraste con el promedio nacional de 35% en el gasto en alimentos. La baja disponibilidad e inaccesibilidad de alimentos nutritivos para algunos segmentos de la población, en conjunto con patrones de consumo poco saludables e inactividad física, han incidido en los últimos años para detonar el problema de sobrepeso y obesidad que afecta de forma más pronunciada a niñas, niños y jóvenes de México, sin que esto signifique haber dejado atrás la desnutrición en el mismo grupo etario.
Mejorar el ingreso y calidad de vida de los pequeños y medianos productores rurales que contribuya a la producción de granos básicos y leche, así como a la autosuficiencia alimentaria.
En nuestro país no se han logrado mejorar las condiciones de los pequeños y medianos productores de granos básicos (maíz y frijol) y leche, así como de los productores de arroz, trigo panificable y cristalino, lo que ha impedido avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria, anhelo al que la actual administración pretende llegar a través de una nueva estrategia que lleve los apoyos del Estado Mexicano de manera directa a los productores para evitar que en el camino se degraden o se canalicen a otros intereses y no cumplan con su propósito esencial.
La baja productividad en el sector agropecuario, en particular en cuatro granos y leche como los alimentos básicos de nuestra población en condiciones de pobreza extrema y marginación, ha sido consecuencia de una inefectividad en los resultados de las políticas públicas en este segmento particular de los productores rurales pequeños y medianos.
De acuerdo al diagnóstico del Programa de Abasto Rural 2018 elaborado por DICONSA, la concurrencia de factores como la insuficiente disponibilidad física y de acceso económico a los alimentos limita el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, principalmente en las localidades de alta y muy alta marginación del país.
En términos absolutos, en el ámbito rural sigue siendo mayor el número de personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder adquirir una canasta alimentaria. Cabe señalar que a mayor grado de marginación, mayor es el porcentaje de localidades que se clasifican como aisladas, es decir, alejadas de ciudades, centros de población y vías de comunicación transitables.
Como se puede observar existe una asociación entre el grado de marginación y la carencia de acceso a la alimentación, es decir, entre más marginado se encuentra un territorio, se presentan mayores porcentajes de población con carencia alimentaria. Asimismo, se advierte una correspondencia entre la marginación y el acceso económico a los alimentos, pues a mayores niveles de marginación mayor es la proporción de personas con ingresos insuficientes para poder adquirir una canasta básica alimentaria.
Finalmente, las condiciones de aislamiento asociadas a los territorios rurales con mayor marginación pueden sugerir a su vez un índice más alto de desabasto de alimentos y rezagos en el desarrollo, al encontrarse desvinculados de la dinámica de desarrollo nacional, así como de los canales y sistemas de producción de alimentos.
El Programa de Precios de Garantía constituye una nueva política pública diseñada para lograr un mayor impacto por peso invertido en la productividad agrícola y lechera, así como en la economía de los productores, pagando mejores precios por sus productos, en particular a los pequeños y medianos productores. Este nuevo diseño de los precios de garantía, para apoyo directo a los productores, consecuentemente genera ingresos adicionales focalizados, estabilidad en el mercado local, reduce el tiempo de pago por sus productos y genera mayor confianza en la población objetivo.
Fortalecer el sistema de abasto social de alimentos, con énfasis en productos de calidad y alto valor nutricional, considerando las preferencias y costumbres regionales, a través de la Canasta Básica, con los precios más bajos y su disponibilidad en las localidades de mayor marginación y pobreza del país.
La población que se ubica por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos no ejerce el derecho a la alimentación que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que se tiene una deuda pendiente con un importante segmento de la sociedad mexicana que debe ser atendido.
Además de esta inaceptable condición de pobreza, los hogares con los más bajos ingresos destinan aproximadamente el 50% de estos ingresos para su alimentación, lo que prácticamente degrada su capacidad de satisfacer otras necesidades básicas de su persona y su familia. Las características sociodemográficas de las poblaciones en condiciones de pobreza, generalmente se relacionan directamente con la ubicación geográfica de sus hogares alejada de los polos de desarrollo del país e incluso de vías de comunicación que faciliten los accesos, situación que dificulta el abasto oportuno y económico de los alimentos y otros insumos básicos para la higiene y la vida cotidiana de las personas.
Estos factores ejercen una presión sistemática al Programa de Abasto Rural en sus costos de operación e infraestructura de transporte, en el almacenamiento, distribución de alimentos, y para mantener la mejor calidad y el precio más bajo.
Este objetivo plantea un reto en dos dimensiones, una en el sentido de resolver el acceso físico a los alimentos, a través de la red de casi 26,000 tiendas comunitarias DICONSA, las que en más de 2,000 lugares son la única opción de compra y, paralelamente, deberá considerarse mantener precios accesibles acordes a la condición económica de la población objetivo, cumpliendo con los compromisos de no dejar a nadie atrás, de no dejar a nadie afuera. De manera complementaria se desarrollan proyectos especiales para abrir oportunidades de trabajo a sectores vulnerables como es el caso de mujeres en condiciones de violencia y profesores jubilados a través del establecimiento de una tienda en la que se le vendan los productos de la canasta básica y leche al más bajo precio.
Este programa, cumpliendo con su premisa de abasto de la canasta básica, atiende de manera directa e indirecta a una población cercana a los 25 millones de personas en 2,260 municipios que representan una cobertura del 92%, llevando alimentos en un volumen cercano a las 72,000 toneladas mensuales y recorridos anuales de más de 180 millones de kilómetros.
El Programa de Abasto Rural, al cuidar permanentemente la escala de sus precios en sus zonas de influencia, genera un ahorro promedio anual del orden del 19%, lo que equivale a evitar que los consumidores de marginación y pobreza gasten 2 mil millones de pesos anuales de manera extraordinaria, a través de la compra de alimentos básicos entre los que destacan los señalados en la siguiente gráfica:
Conclusiones:
Es necesario fortalecer la conceptualización del sistema alimentario desde la producción hasta el consumo y su influencia en el estado nutricional para la Seguridad alimentaria en nuestro País. En ese sentido, se recomienda emprender campañas de comercialización social y educación alimentaria y nutricional a través de estrategias de comunicación sobre cambios en el estilo de vida que promuevan la actividad física, el consumo y utiización adecauda del agua, la diversificación dietética, y por tanto la producción diversificada, el consumo de alimentos ricos en micronutrientes como el hierro, ácido fólico, presente en alimentos sobre todo como frutas y hortalizas, con inclusión de alimentos locales tradicionales y tomando en cuenta las consideraciones de índole cultural. Así como difundir las mejoras en la nutrición materno-infantil, prácticas de cuidado apropiadas, la lactancia materna y alimentación complementaria adecuadas, orientadas y adaptadas a los diversos públicos y grupos de interesados dentro del sistema alimentario.
Urge que se ejecuten al pie de la letra instancias políticas adecuadas para la población agrícola, ganadera y pesquera en nuestro Pais, con Gobiernos locales, estatales y nacionales sanos.
Bibliografía:
1.- Acosta-Acosta, G. A. (2017). La seguridad alimentaria en México y su problemática en el contexto del desarrollo. Instituto de Investigaciones Estratégicas Armada de México, 1-28. Recuperado de http://repositorio.uninav.edu.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/23000/391/da_02 17.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5.- La pobreza en la población indígena de México, 2008 – 2018. CONEVAL 2019. 58. p. 26. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_Poblacion_indigena_2008-2018.pdf#search=poblaci%C3%B3n%20ind%C3%ADgena.
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