Sub4, actividad 2
- Natanael Noriega González
- 1 may 2023
- 10 Min. de lectura

Universidad Autónoma de Chiapas.
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios.
Licenciatura en Seguridad Alimentaria.
Docente: Dra. Gabriela Xilonen Aquino Dehesa.
Alumno: Natanael Noriega González.

Módulo 1: Diversidad y problemática de la Seguridad Alimentaria.
SUB 4: Actividad 2
Villaflores, Chiapas 01 mayo 2023.
Con base en la discusión llevada a cabo en el foro Programas de Seguridad alimentaria implementados en México, responde la pregunta: ¿qué propones para mejorar los programas de intervención en seguridad alimentaria?.
Los Programas de Seguridad alimentaria desde su diseño deben incluir el componente de evaluación y monitoreo, así como contener elementos clave que garanticen que el ejercicio de la evaluación sea eficiente, transparente, efectivo y útil, por ejemplo:
a) Debe ser realizada por instituciones independientes, con capacidad técnica, logística y operativa.
b) Es recomendable contar con un órgano de alto nivel que se convierta en intermediario entre evaluadores y evaluados.
c) La evaluación de programas y políticas debe contener un componente técnico-científico y un componente político.
La adecuada evaluación de un programa requiere de tres tipos de ejercicios evaluativos:
a) Evaluación de diseño o consistencia.
b) Evaluación de proceso o desempeño.
c) Evaluación de impacto o efectividad.
Evaluación de diseño o consistencia
Revisión del marco conceptual.
Identificar la pertinencia y eficacia de las acciones, dadas las necesidades, metas y objetivos del programa.
Revisar si los beneficios o servicios son dirigidos a población vulnerable.
Es la menos utilizada y debe ser incluida desde el diseño del programa y/o política.
Evaluación de proceso o desempeño.
No debe evaluarse impacto (efectividad) sin evaluar el diseño y consistencia del programa.
Deben conocerse y evaluarse los mecanismos además de los insumos y sus efectos.
Debe hacerse a través de los sistemas de entrega de beneficios o servicios y la utilización de dichos servicios por parte de la población.
Evaluación de impacto o efectividad.
Permite atribuir causalidad a los efectos de los programas.
Permite medir los alcances en indicadores propuestas desde el diseño de los programas.
Se recomienda utilizar un grupo control si es posible.
Es un insumo para replantear las estrategias o mejorarlas.
Aunque, como hoy sabemos, el mundo produce muchos más alimentos de los que se necesitan para atender las necesidades de sus habitantes, casi 800 millones de seres humanos —uno de cada siete— sufren hambre (FAO , 2002a). La superación de este flagelo no pasa tanto por aumentar la producción agrícola en los países en desarrollo, como antiguamente se creía, sino por generar oportunidades de empleo e ingresos, así como por ampliar la posibilidad de comercializar los productos agrícolas generados por la población de estos países. Los últimos 50 años de la agricultura familiar han estado marcados por una combinación de: aumento de los precios de los insumos y aperos para la producción agrícola, disminución de los subsidios y del aparato protector estatal y una caída vertiginosa en los precios de mercado de los productos agrícolas.

Esa caída se ha debido a las transformaciones en las telecomunicaciones y la computación, la revolución verde y los cambios en materia de biotecnología. En la actualidad, sin embargo, la causa principal parece hallarse en las políticas de subsidios a la producción y a la exportación que aplican los países desarrollados, especialmente los de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Burfisher, 2001) encontró que los aranceles y subsidios de los países desarrollados deprimen los precios agrícolas hasta en un 12% y que originan casi el 80% de las distorsiones del comercio mundial.
En conjunto, la distorsión de la capacidad exportadora de los países en desarrollo y la caída de los precios agrícolas internacionales estarían contribuyendo de manera decisiva a un menor desarrollo del sector agrícola en estos países (Rello y Trápaga, 2001). No obstante, según Burfisher (2001), para eliminar las distorsiones a la capacidad exportadora de los países en desarrollo no bastaría con suprimir los aranceles y subsidios a la producción y exportación de los países desarrollados. Esas medidas tendrían que combinarse con otras destinadas a mejorar en los países en desarrollo la competitividad de sus economías agrícolas, y en especial de sus pequeños agricultores, sobre todo a través de inversiones en infraestructura y formación de capital humano; a fortalecer sus instituciones, y no menos importante, a superar los altos niveles de desigualdad social, pobreza y subnutrición que los aquejan.
Las transformaciones agrícolas del último medio siglo han llevado a la agricultura de la región hacia dos extremos: por un lado se halla una agricultura moderna, rentable, mecanizada, que utiliza productos agroquímicos y variedades de alto rendimiento, y por el otro, una agricultura de subsistencia, empobrecida, excluida y hambrienta (FAO, 2000), misma situación para México, la agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la tierra, dándole énfasis a la fertilidad del suelo, la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables, no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente así como la salud humana.
¡La agricultura orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos!

El perfil de la producción orgánica en México se encuentra en franco crecimiento y diversficación existen cerca de 14 mil productores certificados.
Existen nueve organismos avalados por SENASICA, para certificar la producción orgánica de alrededor de 93 mil hectáreas sembradas y certificadas.
La certificación y acreditación oficial fortalece el comercio en beneficio de los productores y consumidores destacando 7 mil 422 hectáreas que se encuentran en proceso de conversión resaltando productos como café, maíz, ajonjolí y cacao.
Entre las exportaciones de productos orgánicos de mexicanos a Estados Unidos, destacan 25 alimentos comercializados, principalmente frutas y hortalizas; siendo 136 millones de dólares en promedio del valor exportado en los últimos treinta años.
Los estados líderes en superficies sembradas con cultivos orgánicos son Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Chiapas.
Con respecto a La FAO y el Programa Especial de Seguridad Alimentaria:

Con las metas de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en mente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha impulsado el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA). Éste se compone de acciones tendientes a mejorar la seguridad alimentaria de un país y pretende ser algo más que un proyecto demostrativo, pues busca proponer y desarrollar políticas nacionales de seguridad alimentaria en el país que lo solicite. En su concepción inicial, partió de la premisa de que existen tecnologías viables que, al ser aplicadascorrectamente en los países más afectados por problemas de seguridad alimentaria, podrían incrementar la productividad de la agricultura y la producción de alimentos. La visión original estaba demasiado orientada al ámbito de la oferta de alimentos y no consideraba el papel de las instituciones y de los actores en los resultados que se obtendrían.
Las tendencias que exhiben actualmente las dimensiones económicas, políticas y sociales han llevado a una nueva concepción de la seguridad alimentaria y, con ello, a la necesidad de que la FAO reoriente sus programas en esta materia. Efectivamente, las evaluaciones realizadas al PESA han subrayado lo siguiente ( FAO, 2002c):
i) “Cuando comenzó a ejecutarse, el PESA había sido formulado con arreglo a lo que el Equipo de evaluación considera un diseño rígido e inflexible. Se determinó también que inicialmente se pondría en práctica en zonas que tenían el potencial de aumentar rápidamente la producción, lo que significaba que en esas zonas debían existir posibilidades de riego. Se consideraba que centrar las iniciativas en la producción contribuiría a resolver los problemas de seguridad alimentaria tanto en los hogares como a nivel nacional. Pronto quedó patente que el enfoque inicial a nivel “micro”, orientado a la producción, era insuficiente para garantizar el progreso en la solución del problema de la seguridad alimentaria y que las cuestiones de tipo “meso” y “macro” eran importantes para conseguir aumentos de la producción y asegurar que los productores obtuvieran beneficios”.
ii) "Como consecuencia de lo anterior, “los lugares seleccionados para realizar las actividades del PESA en los países estudiados presentan en general una productividad relativamente elevada en comparación con las zonas más marginales, en las que la malnutrición de las zonas rurales es mayor y el potencial para aumentar la productividad agríco- la más reducido. Así pues, aunque a juicio del Equipo de evaluación las zonas elegidas para las actividades del PESA son, probablemente, las que presentan mejores condiciones desde el punto de vista de la mejora de la seguridad alimentaria nacional, el impacto de las actividades del PESA en la mejora de la seguridad alimentaria familiar habría sido mayor en las zonas marginales”.
iii) “El éxito de intervenciones como el PESA depende en gran medida de la solidez de las estructuras institucionales, incluidos los sistemas de extensión, crédito, distribución de insumos y comercialización de los productos. Cuando existen deficiencias en estos aspectos, es muy poco probable que un plazo de dos o tres años sea suficiente para que se puedan apreciar efectos notables”.
iv) “No fue posible disponer de datos sistemáticos sobre el grado de adopción de las tecnologías demostradas en el marco del PESA, tanto porque no se ha recogido esa información, como porque muchos de los proyectos están todavía en curso de ejecución o han concluido en fecha reciente. [...] se encontraron pocas pruebas de que siguieran utilizándose las tecnologías después de las demostraciones de los proyectos o de que las adoptaran campesinos que no habían tenido relación con el PESA”.
v) “En el marco del PESA se conceden frecuentemente subvenciones para fomentar la adopción de tecnologías. Esto suele hacerse de dos formas distintas: proporcionando gratuitamente insumos a los agricultores y aportándolos a precios subvencionados. Estos procedimientos deben ser revisados porque no favorecen la sostenibilidad de las tecnologías una vez que han concluido las ayudas directas a las iniciativas”.
vi) “En general, el PESA ha tenido hasta la fecha efectos limitados sobre las políticas nacionales relativas a la seguridad alimentaria y sobre la comunidad de donantes en cuanto a las estrategias destinadas a aumentar la seguridad alimentaria en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) y la movilización de recursos para la continuación del programa...”

Evidentemente, toda política de seguridad alimentaria que hace del derecho a la alimentación su principal eje discursivo requiere una clara definición de la población vulnerable, como los campesinos sin tierra, los pequeños agricultores, las familias campesinas, las poblaciones indígenas, las mujeres, los niños y los pobladores de zonas periurbanas. Sin embargo, el hecho de focalizar la población vulnerable no es en sí garantía de que esa población será incorporada en los programas y proyectos de seguridad alimentaria. Se precisa un vínculo estructural entre esa población, generalmente desprovista de voz y de capacidad de presión, y las diversas instancias encargadas de impulsar intervenciones públicas. Sin ese vínculo estructural, el vacío suele llenarse mediante el clientelismo político, o bien las intervenciones no llegan a la población vulnerable y son atrapadas por otros sectores con más poder de negociación. Dicho vínculo estructural puede construirse a partir de los agricultores familiares, tanto por su dinamismo como por su vasta presencia debida al carácter multifuncional de sus actividades productivas.
Desde el punto de vista de la economía política de las reformas —de su adopción y puesta en marcha—, una consecuencia importante del enfoque es, la única forma de definir un “ritmo de cambio” que logre administrar la inestabilidad que conlleva, es a través de la construcción de consensos, la direccionalidad y la certidumbre en las políticas agrícolas y rurales, con el fin de generar seguridad y evitar riesgos de acciones discrecionales y políticas agrícolas y rurales autoritarias. Estos elementos establecen una base fundamental para que el desarrollo institucional futuro contenga las características deseadas de autonomía, inclusión y acción subsidiaria efectiva por parte de cada municipio, estado y nuestro País.
Es necesario, pues, visualizar un marco institucional que abarque no sólo las formas de intervención estatal o de organización de las agencias estatales, sino también el conjunto de reglas y convenciones no formales e incluso incorpore normas éticas y morales de comportamiento que son parte de la interacción social.
En este enfoque más amplio, el principal papel del desarrollo institucional es aumentar la eficiencia y reducir la incertidumbre mediante el diseño de una estructura estable, aunque no inmutable, que favorezca la interacción económica y social. Esa estructura de oportunidades e incentivos es el factor determinante del desempeño económico.
Dicho marco institucional trascendente, que emerge de estos cambios desde abajo y desde arriba, invita un conjunto de reflexiones acerca del derecho a la alimentación como expresión territorial de derechos ciudadanos, y de la descentralización en el marco de una política de desarrollo regional.
Un factor movilizador: los agricultores familiares.

La experiencia de la última década, tanto en términos de movilización social como de esfuerzo productivo e innovaciones institucionales, nos dice que el segmento más dinámico del medio rural son los agricultores familiares, quienes en la región se caracterizan por la heterogeneidad de su dotación de recursos y de sus activos, es decir, de su capital natural, físico, financiero, humano y social (de Janvry y Sadoulet, 2001a). Esta desigualdad de condiciones más las fallas de mercado son algunas de las causas de la pobreza rural. En una simplificación que, sin embargo, refleja las características principales del medio rural en América Latina y por supuesto México, los agricultores familiares pueden clasificarse en dos grandes grupos, según el nivel de sus activos
En el primero están los campesinos cuyos recursos territoriales son tan reducidos que viven esencialmente como trabajadores asalariados —agrícolas o no agrícolas—, para los cuales la agricultura es un complemento.
En el segundo se hallan los agricultores familiares, poseedores de tierras en diferentes cantidades, que obtienen gran parte de su ingreso de sus cultivos y lo complementan con la venta de su fuerza de trabajo (CEPAL, 1999).
En ambos grupos los trabajadores se ven obligados a recurrir a formas de empleo rural no agrícola que proveen gran parte del ingreso de los hogares rurales y son un sustituto de la tierra como fuente de ingresos. Estas formas de complementar el ingreso no permiten a los agricultores familiares superar la condición de pobreza en que viven. Además, debido a fallas en las instituciones y mercados, en el último tiempo las familias dependen cada vez más del ingreso rural no agrícola (especialmente remesas) y de la inversión en animales y granos como fuente de ahorro y liquidez para casos de emergencia.
Según Escobal (2002), es que en las instituciones existen cuatro tipos de fallas que afectan la competitividad de las familias rurales: i) la asimetría de la información, ii) la disponibilidad y asignación de los bienes públicos, iii) las externalidades, y iv) los problemas de pobreza y equidad.
La asimetría de la información reduce el acceso a mercados necesarios para la competitividad de los pequeños productores. Hay problemas en el acceso a la información sobre los mecanismos de funcionamiento de los créditos rurales, tanto por parte de las familias rurales como por parte de los mismos bancos, y lo mismo sucede en el acceso a la propiedad de la tierra. Es muy importante que a las organizaciones de base se les facilite información sobre los programas y las políticas de desarrollo local, los mecanismos para acceder a fondos que financien proyectos y la forma de interactuar con el gobierno y el mercado.
Se precisan políticas orientadas a elevar la competitividad de las familias rurales para que éstas puedan incrementar sus ingresos, mejorar la productividad de los más pobres y que esta mejora signifique su inserción en una economía en crecimiento, en el marco de mercados justos. Si las familias logran mejorar sus niveles de ingreso, tendrán seguridad alimentaria.
Es necesario mejorar la estructura de los programas de seguridad alimentria, a través de una gestión pública basada en la transparencia, el control ciudadano y la rendición de cuentas, asi se acabarían los problemas de pobreza y desigualdad.
Bibliografía.
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https://www.gob.mx/aserca/articulos/agricultura-organica?idiom=es
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ESEPS/Documents/Guias_practicas/5_Seguridad_Alimentaria.pdf


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