Sub4, actividad 1
- Natanael Noriega González
- 30 abr 2023
- 14 Min. de lectura
Actualizado: 30 abr 2023
Universidad Autónoma de Chiapas.
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios.
Licenciatura en Seguridad Alimentaria.
Docente: Dra. Gabriela Xilonen Aquino Dehesa.
Alumno: Natanael Noriega González.
Módulo 1: Diversidad y problemática de la Seguridad Alimentaria.
SUB 4: Actividad 1
Villaflores, Chiapas 30 abril 2023.
¿Qué opinión tienes sobre el objetivo y el enfoque de los programas de seguridad alimentaria que se han implementado en México?.
La alimentación ha formado parte de la agenda pública del gobierno federal desde la constitución del Estado mexicano. Sin embargo, la manera de concebir el problema alimentario y las formas de hacerle frente han sufrido modificaciones. En este sentido, se pueden distinguir dos etapas en las políticas públicas encargadas de la situación alimentaria en México. La primera, concentrada en el intento de atender la desnutrición, abarca un largo período que llega hasta inicios de la década de los noventa y se caracteriza por el uso de cuantiosos recursos a subsidios generalizados. Su objetivo era el abasto y el subsidio de alimentos básicos para garantizar la seguridad alimentaria del país. En esta etapa, la noción de seguridad alimentaria formulaba el problema en términos de producción, distribución y acceso a los alimentos.
En la década de los noventa tuvo lugar la segunda etapa de programas y política alimentaria, con un énfasis en el estado nutricio de los beneficiarios y, por tanto, con mayor evidencia científica del impacto de tales iniciativas, con mejores estrategias de selección de la población objetivo, así como con mecanismos de operación más eficientes. Esta segunda etapa, además de considerar las acciones realizadas para disminuir la prevalencia de la desnutrición, abre paso, fundamentalmente en la última década, a acciones particulares dirigidas a enfrentar un nuevo problema de salud pública: el sobrepeso y la obesidad.
A raíz de alarmantes incremento de niños y adultos con obesidad y de los cuantiosos recursos que su atención médica demandará a los servicios públicos de salud –según los cálculos previstos por la Secretaría de Salud– se han realizado acuerdos y acciones intersectoriales que, a diferencia de las anteriores iniciativas federales, tienen un destacable componente educativo dirigido a formar a la población para modificar sus hábitos de alimentación. Al respecto, en los últimos años se dieron a conocer los resultados de diversos estudios y encuestas que contribuyen a reformular la complejidad de la salud alimentaria de la población mexicana, al revelar el vertiginoso incremento de prevalencia de sobrepeso y obesidad en todos los grupos de edad y niveles de ingreso.
La desigualdad de oportunidades y la pobreza son supuestos del problema alimentario –por desnutrición o por sobrepeso y obesidad– que los programas y políticas alimentarias buscan atender. Aunque no es tema de este trabajo, conviene aclarar que estos programas, fundamentalmente los destinados a remediar el estado nutricio de la población, están dirigidos a los sectores más pobres, carentes de la capacidad de asegurarse el ingresosuficiente para alimentarse pues, por sus condiciones de vida, parten de una situación de desventaja social que limita sus posibilidades de desarrollo y bienestar. Hacer esta puntualización resulta relevante porque permite evidenciar el problema de justicia que está implícito en las políticas alimentarias en México, y apuntar que éstas, así como los programas y las acciones que las hacen operativas, han de asegurarse de que su intervención sea equitativa, y de ninguna manera refuerce las desventajas sociales que limitan, en este caso, el consumo de alimentos suficientes y de buena calidad.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación.
El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. Y en la década del 90, se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria como un derecho humano.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación.
Elementos básicos para tener Seguridad Alimentaria y Nutricional:
Disponibilidad de alimentos a nivel local o nacional.
Estabilidad se refiere a tener control en los procesos cíclicos de los cultivos, así como contar con silos y almacenes para contingencias en épocas de déficit alimenticio.
Acceso y Control sobre los medios de producción como la tierra, agua, insumos, tecnología, conocimiento y a los alimentos disponibles en el mercado.
Consumo y utilización biológica, existencia, inocuidad de los alimentos, dignidad y condiciones higiénicas así como la distribución equitativa de estos dentro de los hogares.
Por su parte el Fideicomiso de Riesgo Compartido ha trabajado por 36 años de la mano con productores del campo mexicano, impulsando la producción de alimentos con valor agregado, ayudando a mejorar las condiciones de vida para las familias, además ha otorgado apoyos en zonas marginadas para desarrollar proyectos productivos y sustentables que traigan la mejora económica de las comunidades menos favorecidas.
En México el impacto de la crisis alimentaria mundial significó pasar de 24 millones de personas con carencia alimentaria en 2008, a 28 millones de personas en 2010. Esta realidad fue expresada así: uno de cada tres hogares mexicanos no contaba con un acceso seguro a alimentos suficientes y nutritivos para llevar una vida activa y sana (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012).
No obstante, cabe agregar que los problemas de malnutrición que presenta nuestro país no sólo son por insuficiencia, sino paradójicamente también por sobrealimentación, con el 30% de los niños y el 70% de los adultos que presentan sobrepeso u obesidad; además de esta epidemia, el país tolera otra forma de malnutrición, el hambre oculta o deficiencia de micronutrientes que suele expresarse en prevalencia de anemia, bajo peso o baja talla en menores de 5 años. México sufre así de la denominada triple carga de la malnutrición, la convivencia de hambre, obesidad y deficiencia de micronutrientes que representa un problema de salud pública de consecuencias sociales económicas y ambientales y que hace necesario discutir no sólo una seguridad alimentaria, entendida como suficiencia en el consumo de alimentos, sino que este consumo sea de calidad nutricia e higiénica aceptable para llevar a cabo una vida activa y sana; en suma, debatir una seguridad alimentaria y nutricional.
Estas manifestaciones de malnutrición son una realidad no circunscrita, pero sí muy presente de las zonas urbanas, donde la falta de empleo e ingresos está provocando un aumento de la pobreza urbana y por lo tanto una frágil seguridad alimentaria y nutricional y donde se ha observado un cambio potencialmente más nocivo en la alimentación de sus habitantes por su propensión a consumir más alimentos elaborados industrialmente, con mayor contenido de grasas y azúcares y menos fibra, a lo que se suma mayores niveles de sedentarismo.
Considerando de la misma forma que cerca del 80% de la población en América Latina vive ya en las ciudades y se estima que esta cifra aumente en los próximos años (United Nations, 2014), la mirada de este trabajo se dirigió a conocer las características específicas que presenta la malnutrición en las urbes contemporáneas y comprender cómo las ciudades enfrentan desafíos comunes para el logro de una seguridad alimentaria y nutricional para todos sus habitantes, al ser ejemplo vivo de un sistema alimentario desigual en el que existe disponibilidad alimentaria suficiente y nutritiva pero inaccesible para un cierto número de personas.
En la búsqueda de acciones públicas que demostraran una preocupación por mejorar la condición alimentaria de sus habitantes, se encontró que la Ciudad de México aprobó en 2009, publicado en el 2010, la primera y hasta ahora única Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del país; legislación incluso anterior a la modificación constitucional del derecho a la alimentación para todos los mexicanos que se realizó en el año 2011. Por estas razones las investigaciones se centrarian por revisar particularmente el caso de la Ciudad de México, CDMX, para conocer cómo el gobierno local hace frente a los desafíos del derecho a la alimentación expresado constitucionalmente, y elabora la acción pública para el logro de una seguridad alimentaria y nutricional para todos sus habitantes como lo señala la ley respectiva. Así, en la búsqueda de antecedentes que permitieran situar históricamente la respuesta pública de la ciudad, se encontró que el gobierno federal del país ha orientado su actuación pública en concordancia con el orden impuesto por el sistema capitalista mundial; ocasionando con ello un apoyo sesgado hacia la producción empresarial de cultivos de exportación, generadores de divisas y marginalizando la producción campesina de alimentos básicos, profundizando de esta forma la dependencia de la seguridad alimentaria y nutricional de los mexicanos al mercado internacional.
Los efectos de esta actuación fueron graduales pero en suma significó un retiro del Estado mexicano de su relación social más amplia que desdibujó la frontera entre el Estado y los intereses económicos privados. Este proceder por parte de los distintos gobiernos mexicanos que se sumaron a la ola de reformas económicas caracterizadas como neoliberales, hizo necesario responder al cuestionamiento sobre cuál es la condición de seguridad alimentaria y nutricional de los mexicanos en general y de los habitantes de la CDMX en particular.
Seguramente existen muchos obstáculos que debe aún enfrentar nuestro país en la materia, considerando que existen 28 millones de personas que abiertamente se perciben a sí mismos con problemas en el acceso a alimentos, y que cada vez más, estas personas vivirán en ámbitos urbanos, se hace imperante la necesidad de contar con estrategias adecuadas para afrontar la pobreza urbana y los problemas de malnutrición en las ciudades del país.
La seguridad alimentaria orienta tanto la política alimentaria de México, como las acciones y programas públicos que naturalizan el acceso individualizado de los alimentos vía el mercado, debilitado la producción interna de alimentos y las oportunidades de las personas para acceder a éstos.
En una reacción al deterioro social expresado en la malnutrición que sufren millones de personas, las ciudades contemporáneas pretenden regular la imposición del orden económico mundial mediante prácticas emancipadoras en las que las consideraciones ambientales y sociales se categorizan a la par de los aspectos económicos del sistema alimentario.
Las políticas, programas y acciones creadas en razón de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, distan de ser suficientes y efectivas para el cumplimiento de este derecho para todos sus habitantes.
Una respuesta pública comprometida verdaderamente con el cumplimiento del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional incluye la edificación de un sistema alimentario sustentable: donde las esferas económico-sociales y ambientales se incrusten o interpongan.
Es importante señalar que las personas en los ámbitos urbanos están en riesgo de sufrir hambre y/o malnutrición sin importar si viven en país con fortaleza económica o no, es decir no es privativa sólo de los países con rentas bajas, ya que éste fenómeno también pude observarse en países cuya renta promedio por habitante es superior a los niveles internacionales. Esta aparente paradoja es un recurso interesante para explicar la situación urbana. Sen (1999) señala que si el hambre y la malnutrición se dan también en los países ricos, se debe a un fracaso de la conversión de ingresos y otros recursos en capacidades.
Esto es, el hambre se ve condicionada o afectada por el uso nutritivo de la ingesta alimentaria, así, una persona con una enfermedad crónica no aprovecha nutritivamente de la misma forma una ingesta similar de alimentos que una persona sana, de ahí que nos señala Sen, la importancia de eficientes servicios de salud públicos así como de su cobertura universal. En segundo lugar, la pobreza en una sociedad rica, continua Sen, (1999) es sinónimo de una reducción de capacidades, pues se necesitan más ingresos para comprar suficientes bienes que nos permitan ejercer los funcionamientos dentro de la sociedad, por ejemplo, “aparecer en público sin avergonzarse”, requiere que nos presentemos vestidos, con calzado, limpios, etc.; la compra de los recursos que nos permiten aparecer en sociedad puede disminuir los recursos para alimentos, mermar la calidad de nuestra vivienda o reducir los recursos destinados a la salud.
En otras palabras, en una ciudad se necesitan más ingresos para comprar la canasta básica de bienes para aparecer en sociedad y participar de la vida comunitaria además los gastos en transporte para llegar a los lugares de trabajo, o los gastos por renta de vivienda significan una parte importante de las erogaciones de las personas que rivalizan con los destinados a la alimentación suficiente y nutritiva. Para Harvey (2013b) esta dinámica es una desposesión y refiere a que: “tan pronto como el trabajador recibe su salario del fabricante que lo explota, caen sobre él otras porciones de la burguesía: el casero, el tendero, el prestamista, etc.”, que le arrebatan sus escasos activos, esta desposesión, “unida a la explotación implacable del trabajador, constituyen un drenaje perpetuo de su capacidad de mantener condiciones mínimas adecuadas para la reproducción social” (p. 94). En suma, los escasos activos que deja la desposesión no son suficientes para adquirir alimentos de calidad nutricia, dejando a las personas, que la padecen, el consumo de alimentos poco nutritivos y altamente procesados porque son más baratos y probablemente se encuentren más accesibles físicamente.
Esto ha generado que de forma creciente instancias internacionales como la OMS, señalan que la llamada doble carga de malnutrición, es una condición que sufren muchos países en el mundo, y que significa la convivencia en su población de hambre y obesidad, en realidad debería ser la triple carga de malnutrición, en el entendido que muchas personas pueden tener acceso a alimentos de forma permanente, pero con calidad nutricia pobre, es decir muy deficiente en micronutrientes como por ejemplo el hierro, desde esta perspectiva, la triple carga de malnutrición es convivencia simultánea en una sociedad determinada de hambre, obesidad y deficiencia de micronutrientes.
Este punto, nos coloca, en un fenómeno, poco estudiado, al menos en las ciudades de México, los llamados Food Deserts, o desiertos alimentarios, por el cual se hace referencia a espacios urbanos generalmente de bajos ingresos donde no existe, o es muy limitado, el acceso a alimentos frescos como frutas y vegetales, es decir donde no existe un acceso físico a alimentos nutritivos porque los puntos de venta están muy alejados. Ante este panorama, se desea presentar de forma concreta los desafíos para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los habitantes de las ciudades.
La alimentación ha sido parte de la agenda pública desde mediados de la década de los treinta, pero no fue sino hasta 1965 cuando se creó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) como responsable de organizar todas las actividades agropecuarias, a fin de regular los mercados de productos básicos y proteger a los consumidores y productores de bajos ingresos. Las actividades de Conasupo se concentraban en procesar granos, aceites y leche en polvo, vender productos básicos a bajo precio, comercializar fertilizantes y semillas, y gestionar programas de capacitación de campesinos (Yúnez y Barceinas, 2000).
Formaban parte de esta paraestatal los programas de Tortivales y Tortibonos, cuyo objeto era proporcionar un kilo de tortilla a familias pobres de zonas urbanas, y el programa de cupones para leche de Liconsa creado para abastecer a familias pobres de leche a bajo costo, para el consumo de niños, mujeres embarazadas o en lactancia, y ancianos. Desde una perspectiva nutricional, hubo un aumento en el consumo de maíz y proteínas en las familias beneficiadas. A pesar de que la selección de beneficiaros se realizó a partir de la construcción de mapas de pobreza, estos programas fueron criticados por promover la urbanización y por carecer de un componente educativo (Barquera, Rivera-Dommarco y Gasca-García, 2001).
Entre los programas de asistencia alimentaria dirigidos a poblaciones vulnerables se encuentran, también, los gestionados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por medio de desayunos escolares, asistencia social alimentaria a familias, cocinas populares, unidades de servicios integrales, le-che en polvo, raciones alimentarias, despensas familiares. Los programas del DIF han operado durante décadas hasta alcanzar una amplia cobertura en la población objetivo. Es particularmente relevante el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar, creado en 1995, porque surge como una iniciativa intersectorial con la participación de las Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), de Educación Pública (SEP), de Salud (SS), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además del DIF. Fue diseñado para atender a familias en extrema pobreza y a niños menores de cinco años, preescolares y escolares de zonas indígenas, rurales y urbano-marginales. Sus acciones se concentraron en distribuir alimentos, dar desayunos escolares y subsidiar la tortilla y la leche (Barquera, Rivera-Dommarco y Gasca-García, 2001).
Así pues, las políticas alimentarias en México iniciaron con programas asistenciales de distribución de alimentos. Entre las grandes iniciativas federales se encuentra el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Este programa estaba dirigido a los sectores desfavorecidos, y fue creado a inicios de la década de los ochenta, con el objetivo de estimular la producción y mejorar la distribución de alimentos. Se trata del primer esfuerzo intersectorial por atender el problema alimentario centrado, en aquel momento, en la insuficiencia de alimentos. Tres años después se creó el Programa Nacional de Alimentación (PRONAL), cuyo objetivo era aumentar el consumo de alimentos en zonas marginales.
En 1987 se creó Solidaridad, que en su componente alimentario y nutricio, incluía la vigilancia del estado de salud de los niños < de cinco años, la orientación alimentaria y el fomento a la producción de alimentos.
En 1994, en el contexto de la crisis económica, el gobierno federal diseñó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), en cuyo componente alimentario se incluía una transferencia de recursos para contribuir a mejorar la cantidad y la diversidad del consumo de alimentos, y un suplemento alimentario para niños y mujeres embarazadas (Barquera, Rivera-Dommarco y Gasca-García, 2001). Este programa operó hasta 2002, año en que cambió de nombre a Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades) y extendió su operación a las zonas urbanas (DOF, 2002). Las evaluaciones reportan que, en su componente alimentario, el Programa ha tenido resultados positivos en la nutrición de niños, asociados a los suplementos alimenticios. También se tiene evidencia de un incremento del consumo de frutas, verduras y carnes en la dieta de las mujeres (Coneval, 2010).
Desde finales de la década de los noventa a la fecha, los programas destinados al tema alimentario son, además de Oportunidades (antes Progresa), el de Apoyo Alimentario (PAL), de Abasto Social de Leche (PASL), de Abasto Rural, de Albergues Escolares Indígenas (PAEI), la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, y los que integran la EIASA.El PALestá en operación desde 2003, aunque con diferentes denominaciones y tipos de apoyo. Las evaluaciones realizadas hasta 2006 mostraron una mejora en el estado nutricio de los beneficiarios que recibieron despensas; no así en los que tuvieron transferencias monetarias, y un incremento de zinc y hierro asociado al consumo de leche Liconsa.
Actualmente, las reglas de operación señalan que el objetivo es mejorar la alimentación y la nutrición de las familias beneficiarias, particularmente de los niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en lactancia. Los apoyos otorgados a los beneficiarios son monetarios
y en especie (complementos nutricional o leche fortificada), y varían de acuerdo con el número de hijos por familia (RO, 2011).
El Programa de Abasto Social de Leche (PASL) inició su operación en 1944, y desde entonces tiene el objetivo de apoyar a las familias más pobres con leche enriquecida, a precio subsidiado. Actualmente, su padrón de beneficiados reporta 5 907 421 niños, niñas, mujeres, enfermos y adultos mayores (SEDESOL-Liconsa, s/f). Las evaluaciones de impacto muestran una mejora en el estado nutricio de los beneficiarios, y en particular ha disminuido la prevalencia de anemia y baja talla (Coneval, 2010).
El Programa de apoyo a la educación índigena (PAEI) centra su atención en asegurar servicios educativos a los beneficiarios, pero también cuenta con un componente alimentario que ha sido evaluado sin reportar resultados alentadores.
Las evaluaciones encuentran que la comida brindada en los albergues es insuficiente en cantidad y nutrientes, y que los platillos se preparan haciendo combinaciones inadecuadas, a veces por la ausencia de alimentos y otras por las tradiciones locales.
Actualmente, las acciones del DIF relativas al tema alimentario se concentran en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), conformada por cuatro programas: Desayunos Escolares, Atención a Menores de cinco años en Riesgo no Escolarizados, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo. El de mayor contundencia es Desayunos Escolares, con 5 074 944 niños y niñas beneficiarios reportados hasta junio de 2011 (DIF, 2011).
Hasta aquí la recuperación de acciones que, a nivel federal, pretenden atender el problema de desnutrición que presentan los grupos de población en mayor desventaja social. Este conjunto de acciones interviene en el problema alimentaria aportando, con diferentes estrategias, los componentes nutricios de los que carece este grupo de la población a causa de un acceso limitado e insuficiente a alimentos que les brinden los nutrimentos requeridos para sostener una vida saludable. Como se dijo antes, tales estrategias han mejorado en la selección de beneficiarios y en los mecanismos de operación con lo que, a recientes fechas, reportan ser más eficaces, como lo muestran las evaluaciones de Oportunidades y los programas gestionados por el DIF, aunque sostienen el reto de asegurar que no reproducen la desigualdad que pretenden resolver.
Bibliografía.
5.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616119/Programa_Institucional_2020-2024_de_Seguridad_Alimentaria_Mexicana_SEGALMEX_.pdf
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